“Hay que volver” La educación como emergencia nacional.

La educación pública en el contexto de la actual emergencia sanitaria debería considerarse en estado de emergencia nacional.

A seis meses de declarada la emergencia sanitaria en Uruguay y a tres meses de iniciadas las clases presenciales, gran parte del aparato productivo y el sistema económico uruguayo está en funcionamiento. Sin embargo, la Educación y particularmente la Educación Pública parece haberse quedado en los primeros pasos del retorno a la actividad.

El 82 % de la matriculación de educación inicial y primaria de todo el país, asiste a la escuela pública según datos del CEIP, aproximadamente 340.000 niños y niñas.

Existe una incoherencia entre las medidas sanitarias que se exigen cumplir en la escuela y las que se plantean para las actividades de los niños y niñas en otros contextos. Se han subsidiado empresas, flexibilizado protocolos para distintas industrias, pero no se plantea un proyecto de apoyo para asumir el costo que esta pandemia está dejando en niñas y niños de la Escuela Pública.

Los datos:

• Se estima que unos 7.000 niñas y niños no han asistido ni se han vinculado con la escuela en lo que va del año.

• Hasta ahora la presencialidad ha sido voluntaria.

• Se observa una gran disparidad en la asistencia de acuerdo con el nivel socioeconómico al que pertenece el alumnado: Hubo un 80% de asistencia en el alumnado del quintil 5 (nivel socioeconómico alto) y un 63% en el quintil 1 (nivel socio económico bajo).

• La cantidad de horas presenciales es menor al 50% del horario normal. Por ejemplo, en las escuelas de 4 horas, que deberían tener una carga semanal de 20 horas está teniendo un promedio de 8.5 horas a la semana.

• Las horas de virtualidad son escasas y nulas en algunos centros educativos del país.

Las evidencias:

Según información científica, la prevalencia del virus en niñas y niños es muy baja. Sin embargo, los efectos negativos asociados al cierre de escuelas o a bajos niveles de presencialidad, son ampliamente reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Las evidencias científicas del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que asesora al poder ejecutivo son contundentes en su recomendación de que hay que avanzar en aumentar las horas de clase. Además, alerta sobre los efectos adversos del no retorno a los centros educativos y la permanencia de niños y niñas en los hogares. Las advertencias van más allá del déficit educativo: hay riesgos de malnutrición, fallas en el aprendizaje, deserción educativa, estrés en los educadores, en las madres y los padres, menor cuidado de niños, mayores costos económicos para las familias, ausentismo en trabajadores esenciales, mayor violencia y explotación infantil, aislamiento social.

Es necesario y oportuno frente a estas evidencias revisar el protocolo vigente e incorporar las modificaciones o flexibilidad necesaria para atender la problemática que se está planteando.

Se habla de dar mayor autonomía a los centros educativos para que según sus condiciones aumenten progresivamente las horas de clase, pero esta autonomía no va seguida de mayores recursos, ni de lineamientos claros o acompañamiento para hacerlo. Se deposita toda la responsabilidad en la dirección y el cuerpo docente de cada centro cuando se trata de una responsabilidad mucho mayor que debe contemplar posibilidades para todos en todos los contextos. Se está consolidando una brecha social y de oportunidades entre poblaciones de contextos más y menos favorecidos y sobre todo se agudiza la diferencia de oportunidades entre el sistema público y el privado, donde por sus condiciones ya han retomado las clases, en su mayoría, en un 100%.

Tenemos la tercera parte del año por delante y contamos con el compromiso de buena parte de las familias y el cuerpo docente para optimizar el tiempo y no dar el año por perdido. Pero necesitamos respuesta y un proyecto claro de las autoridades sobre las perspectivas de la educación de cara a la finalización de este año y el año 2021.

Exigimos cuanto antes una presencialidad plena, acompañada de recursos que aseguren poder cumplir con las condiciones sanitarias para un retorno al aula seguro. Las familias organizadas de la escuela pública, seguiremos buscando y aportando soluciones desde el rol que nos toca cumplir. Pero la educación de la población de un país no es responsabilidad de un centro educativo o de un grupo de familias es un derecho que debe garantizar el estado.

Necesitamos que se asuma esta responsabilidad desde el Gobierno, que se tome el tema con la seriedad que requiere porque hoy la educación es una emergencia nacional.

Montevideo, 23 de setiembre de 2020.

2020-09-23 - Comunicado -Hay que volver-.pdf